El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regula las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, marcando un hito en la gestión de los fondos destinados a este sector. La nueva normativa incorpora principios esenciales para la concesión, ejecución y justificación de los fondos, reforzando la transparencia, la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Este Real Decreto forma parte del proceso de reforma de la Cooperación Española, impulsado por la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Su objetivo es modernizar los instrumentos de cooperación, haciéndolos más ágiles y flexibles para adaptarlos a las necesidades actuales y futuras, al tiempo que se fortalece el impacto y la trazabilidad de los proyectos de desarrollo.
Su elaboración ha sido fruto de un proceso participativo, basado en un análisis detallado de las necesidades específicas del sector. En él han participado distintas unidades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tanto en sede como en terreno, así como otros organismos y entidades implicadas, incluyendo la cooperación descentralizada y la sociedad civil.
Novedades del Real Decreto
La nueva normativa introduce mejoras significativas que abarcan desde la definición de conceptos clave en subvenciones de cooperación para el desarrollo sostenible, facilitando su comprensión y aplicación homogénea, hasta la simplificación y armonización de procedimientos, eliminando duplicidades y garantizando una mayor coherencia en la regulación.
El marco normativo resultante es más estable y alineado con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, ajustándose a las particularidades del contexto de cooperación. Además, el Real Decreto otorga mayor flexibilidad a las convocatorias y concesiones, estableciendo criterios básicos que deberán recogerse en los procesos de asignación de fondos.
Entre los principales beneficios, se encuentra la reducción de cargas administrativas, lo que simplificará las distintas fases de los procedimientos y optimizará la gestión de la documentación requerida para la concesión y justificación de las ayudas. También se han introducido nuevas disposiciones para regular aspectos como la tributación, el cambio de moneda y otros requisitos financieros esenciales.
Asimismo, la norma está diseñada para adaptarse a diferentes realidades y beneficiarios, permitiendo su aplicación en ámbitos diversos como la política exterior, la acción humanitaria, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, garantizando que las ayudas respondan eficazmente a las necesidades de cada sector.
Un marco normativo aplicable a todas las administraciones
El Real Decreto tiene carácter supletorio, y su Disposición Final Segunda establece que su regulación será de aplicación básica para todas las administraciones en materia de subvenciones y ayudas de cooperación. Esto permitirá una mayor armonización en las convocatorias, facilitando su implementación tanto para la administración pública como para las entidades beneficiarias, optimizando el uso de los recursos y garantizando una distribución más eficaz de los fondos.
Además, la normativa refuerza el papel de las comunidades autónomas y los entes locales, consolidando su participación activa en la planificación e implementación de proyectos. Este enfoque fomenta la creación y el fortalecimiento de alianzas estratégicas dentro de la Cooperación Española, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y consolidando el impacto de la política española de cooperación a nivel nacional e internacional.
