El primer Tribunal de la Familia de Nicaragua fue inaugurado ayer en Managua con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El acto fue presidido por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, y el embajador de España en Managua, Rafael Garranzo.
"Estas instalaciones que hemos construido vienen a dar mayor acceso a la familia nicaragüense: a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y, sobre todo, a mujeres de escasos recursos que andan normalmente de la seca a la meca", expresó la magistrada tras inaugurar el edificio. Ramos explicó que las mujeres de escasos recursos que desean acceder a la justicia no tienen abogados, pero ahora a través de la Defensoría Pública no sólo podrán demandar de forma gratuita a los padres de sus hijos el pago de la pensión alimenticia, sino también lo podrán hacer para otros casos de familia.
Precisamente la presidenta de la Corte Suprema destacó que ese nuevo tribunal, valorado en 2,92 millones de dólares, se ha abierto el mismo día que entró en vigor el Código de la Familia, del que dijo que "tiene un impacto muy grande". Entre las novedades del nuevo Código de la Familia, Ramos mencionó que toda persona a los 18 años de edad puede ejercer plenamente sus derechos de responsabilidades, y que los notarios pueden declarar uniones de hecho y divorciar unilateralmente cuando no haya hijos ni bienes de por medio. Asimismo, que las cónyuges pueden demandar alimentos a sus parejas una vez se separen, y que un padre está obligado a pasar una pensión alimenticia "para los niños no nacidos", es decir, explicó la magistrada, desde "que está en el vientre de su madre".Otra de las novedades que citó es que los ancianos padres que ya no puedan trabajar y se encuentren en pobreza o en abandono podrán demandar alimentos a sus hijos, al igual que un hermano con discapacidad. "El Código viene a establecer la responsabilidad compartida de los padres y las madres (…) Es una unión familiar la que prevalece", valoró la magistrada.
Apoyando la gobernabilidad democráticaPor su lado, el embajador destacó que la cooperación de España está en Nicaragua desde hace más de 25 años y en ese tiempo ha apoyado la gobernabilidad democrática, seguridad ciudadana, acceso a la justicia, descentralización del Estado, fortalecimiento del poder local y la trasversalización de género en las políticas públicas. "La Corte Suprema de Justicia ha sido para nosotros un socio permanente con el que hemos trabajado en diversos ámbitos", agregó. El diplomático dijo que a través de la AECID se ha apoyado la reforma del Código Procesal Civil, que permitió la inclusión de los procedimientos orales, y ayudado con el equipamiento y en la mejora y capacitación de los funcionarios del Instituto de Medicina Legal. También destacó el apoyo a la mejora del acceso a las mujeres a la justicia en materia de familia, la formación de jueces y el apoyo a la implementación de la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres.
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— Cooperación Española (@CooperacionESP) abril 9, 2015
